En este informe para Movant Connection, Nidia Hernández Jiménez, Presidente Ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera – COLFECAR, nos detalla la situación de Colombia con las medidas del nuevo gobierno y sus expectativas para 2023.
“Se emiten múltiples regulaciones desde diferentes entidades que se traducen en mayores obligaciones para las empresas del sector”.
A nivel local, se acabó de aprobar una reforma tributaria que sin duda impactará significativamente las empresas en todos los sectores. En Colombia se presenta una situación que calificamos como “Hiperregulación en el sector”, pues se emiten múltiples regulaciones desde diferentes entidades que se traducen en mayores obligaciones para las empresas del sector.
Esto, sumado a las múltiples reformas que anuncia el gobierno cuyo período inició este año, genera altos grados de incertidumbre.
En 2022 hemos perdido aproximadamente 54 días por los cierres viales derivados de los efectos de las lluvias que causan caídas de bancada y deslizamientos. Sumados a otras causas que también generan cierres viales como las restricciones en días festivos, bloqueos de comunidades inconformes, pare y sigas eternos por el mantenimiento de las vías, entre otros, todo sumado está generando una baja en la productividad del sector de 4 meses cesantes en el año.
Ahora bien, en materia de seguridad el panorama es complejo, pues el sector transportador ha sido uno de los más afectados por actos de terrorismo por parte de grupos armados cuyo saldo fueron 43 casos de vehículos incinerados, más Piratería Terrestre en la modalidad de descuelgue.
Finalmente, para el cierre de 2022 se espera que los indicadores de actividad económica sean de crecimiento, se estima que el PIB nacional crecería un 6%.
“Factores externos e internos conllevan a transformaciones de las economías y de las organizaciones empresariales, lo que supone mayor resiliencia y flexibilidad”.
Los múltiples factores externos (la amenaza de recesión de varias economías, tasas de inflación y de interés históricas a nivel global, la guerra de Rusia y Ucrania, sumado a la política de cero COVID en China debido al rebrote del virus, entre otros) y los factores internos, conllevan a transformaciones de las economías y de las organizaciones empresariales, lo que supone mayor resiliencia y flexibilidad con miras a adaptarse ante variables por fuera de la esfera de control de los empresarios y cuyo foco sea lograr una efectiva recuperación y sostenibilidad del sector como el motor de la economía nacional.
“Además del complejo panorama macroeconómico, hay elementos locales que no contribuyen, como son los desincentivos a las industrias extractivas y la reforma tributaria”.
Los pronósticos para 2023 no son alentadores, pues se pronostica que el crecimiento del PIB rondaría el 2%, lo que sumado a un escenario de alta inflación no vislumbra un buen panorama.
Si bien hay elementos externos, como el endurecimiento en las tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, que tendrán repercusiones en nuestra economía, también es importante que los anuncios que realice el gobierno sean responsables y aterrizados a la realidad, para evitar contradicciones que solo generan más incertidumbre en los mercados financieros y en el sector productivo.
El dólar viene incrementando su valor al tiempo que el peso colombiano se devalúa fuertemente, cada semana vemos como se rompen récords históricos, lo cual nos afecta significativamente, puesto que los vehículos de carga, repuestos e insumos son importados.
Además del complejo panorama macroeconómico, hay elementos locales que no contribuyen, como son los desincentivos a las industrias extractivas y una reforma tributaria sostenida en el sector empresarial.
Esta última impactará especialmente a las MiPymes, generando repercusiones en su sostenibilidad en el corto y mediano plazo, afectando el empleo, la reactivación económica y en consecuencia los volúmenes de carga.
Finalmente, es importante recalcar la situación con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual permitía atenuar la volatilidad en los precios del combustible ante incrementos en los precios internacionales de los mismos, situación que generó un déficit fiscal que ronda el 2,7% del PIB nacional.
Si bien el gobierno decidió congelar el precio del galón del ACPM hasta mediados del 2023, debido a la incidencia que tendrían las alzas sobre la inflación nacional, no se está resolviendo la problemática pues lo que se necesita es que se reestructure y actualice la fórmula de fijación de precios del mismo a la realidad nacional, desligándolo de los precios internacionales, para poder tener certidumbre y estabilidad en sus precios.
