El sector, responsable del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, enfrenta la necesidad de acelerar su proceso de descarbonización.
La industria marítima se encuentra rezagada en la carrera por reducir sus emisiones contaminantes, ya que los barcos aún dependen en su gran mayoría del gasoil barato y contaminante para continuar navegando.
Ante esta situación, son cada vez más los países que reclaman la implementación de un impuesto sobre el transporte marítimo, con el fin de incentivar a los armadores a invertir en la reducción de emisiones.
Los más afectados
Principalmente, son los países en desarrollo los que exigen que las economías ricas financien las pérdidas irrecuperables que están sufriendo a causa del cambio climático.
En un documento presentado en la asamblea general de la ONU, las naciones afectadas exigen un impuesto global “relacionado con el clima y basado en la justicia”, principalmente de la industria naviera y también de las aerolíneas.
Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI), la división de las Naciones Unidas responsable de la gobernanza del transporte marítimo mundial, se reunió en Londres para una sesión de dos semanas para discutir los esfuerzos de descarbonización y la viabilidad de implementar un nuevo impuesto de hasta 100 dólares por tonelada de carbono emitido por los barcos.
Las estimaciones del Banco Mundial sugieren que un impuesto al carbono sobre el transporte marítimo podría generar entre $ 50 mil millones y $ 60 mil millones al año.
Falta de consensos
Japón, el segundo mayor propietario de barcos del mundo, ha propuesto un impuesto al carbono de 56 dólares por tonelada de carbono a partir de 2025.
Pero, por otro lado, Estados Unidos enfrenta desafíos para avanzar en este sentido, ya que el presidente Joe Biden no contaría con el apoyo del Congreso, controlado por republicanos, con respecto a cualquier plan propuesto.
Ante la dificultad de encontrar consensos para avanzar en este proceso impostergable, Eamon Ryan, ministro de Medio Ambiente de Irlanda y principal negociador de pérdidas y daños de la Unión Europea, instó a los 175 países miembros de la OMI a dar los primeros pasos para implementar el impuesto propuesto y afirmó: “Necesitamos mostrar un compromiso real para abordar la crisis climática, y estos mecanismos le darían al mundo en desarrollo la confianza de que ya no es solo el momento de hablando, es hora de actuar”.
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