El Parlamento Europeo dio su visto bueno definitivo al nuevo mecanismo de emergencia de la Unión Europea (UE) para garantizar el suministro de bienes esenciales en situaciones de crisis. Tras el visto bueno del parlamento, los Estados miembros deben aprobar formalmente la legislación para que pueda entrar en vigor .
El objetivo de la medida es evitar situaciones como las vividas durante la pandemia de Covid-19, cuando escasearon productos esenciales como las mascarillas. En esa oportunidad, algunos países actuaron de manera unilateral reteniendo en su territorio la producción nacional y, en ese marco, Bruselas impuso un control a las exportaciones de vacunas para asegurar que había suficientes en la Unión Europea.
«Los Estados y la Comisión ahora se prepararán juntos para posibles crisis futuras e identificarán potenciales riesgos en una fase temprana. En particular, deben mantener abiertas las cadenas de suministros y servicios en el mercado interior«, dijo el eurodiputado popular Andreas Schwab.
Ley para garantizar bienes esenciales: cómo funcionará
La Ley de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior (IMERA, en sus siglas en inglés) prevé un monitoreo continuo de la situación en las cadenas de suministro para anticipar posibles crisis, de modo que se active un modo de «vigilancia» cuando se detecte una amenaza y se pongan en marcha mecanismos para que los países y la Comisión Europea coordinen su respuesta.
Cuando una crisis ponga en peligro el suministro de bienes o servicios críticos, se podrán adoptar medidas de último recurso. Por ejemplo, la Comisión podrá solicitar información a las empresas sobre su nivel de reservas de ciertos productos y éstas deberán justificarse si se niegan a aportarla.
En caso de escasez grave, el Ejecutivo comunitario podrá emitir pedidos prioritarios para comprar los bienes afectados, de modo que las empresas podrán aceptarlos voluntariamente y estarán protegidos legalmente frente a posibles demandas de otros clientes si no pueden cumplir sus contratos con éstos.
Ahora bien, estos pedidos prioritarios no podrán afectar a las competencias de seguridad y defensa de los Estados miembros y tendrán que respetar las normas de competencia europeas.
Además, en estas circunstancias excepcionales los Estados y la Comisión podrán llevar a cabo compras conjuntas para adquirir los bienes o servicios en cuestión y, en el caso de hacerlo a nivel nacional, los países tendrán que coordinarse con el resto de socios.
Por otro lado, para evitar que se llegue a una situación de crisis, la normativa prevé que la Comisión Europea lleve a cabo test de estrés y simulaciones para anticiparse y evaluar el posible impacto sobre el libre movimiento de bienes, servicios y personas, en tanto que se anima también a las empresas a desarrollar protocolos de crisis, simulaciones y formación de manera voluntaria.
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