Ley Ómnibus

Exportadores argentinos se oponen al aumento de retenciones propuesto en la Ley Ómnibus

En el marco de las exposiciones que se están llevando a cabo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -que desde hace 80 años representa a los complejos exportadores nacionales- expuso las observaciones de la institución frente al plenario de Comisiones que tratan la Ley Ómnibus.

En este sentido, Landa enfocó su intervención en el aspecto que considera de mayor gravedad: la propuesta de suba de Derechos a la Exportación contemplada en el Titulo III, sección VI, de la Ley Ómnibus.

Durante su exposición, Fernando advirtió que Argentina necesita adoptar la competitividad como política de estado, reconociendo que la exportación impulsa el trabajo y el desarrollo. “La colaboración entre el sector público y privado es esencial para el crecimiento sostenible”, sostuvo.

Fernando Landa

Desde la reintroducción de las retenciones en 2002, su escalada y expansión en productos abarcados llegó a representar el 15% de las exportaciones nacionales. En esta Línea, Landa puntualizó que «la Organización Mundial del Comercio (OMC) advierte sobre los riesgos de este enfoque para productos primarios, señalando que más que aumentar el bienestar nacional, lo reduce». También, indicó que no existen fuera de Argentina ejemplos de aplicación de este derecho a bienes manufacturados.

Además, señaló que los resultados de este «impuesto transitorio» de 22 años, han sido “nefastos “: una disminución del 33% en empresas exportadoras en los últimos 15 años, una caída del 7% en la participación de las PYME en la última década, y solo el 23% de los establecimientos industriales exportan en la actualidad.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina afirman que el país perdió 4.000 empresas exportadoras y medio millón de empleos directos e indirectos en los últimos 15 años. En cuanto su participación mundial se redujo a menos de la mitad, alcanzando el 0,25% en 2023, lo que se traduce en pérdidas anuales de U$ 42,000 millones. Además, las exportaciones exportadas totales están estancadas desde hace 16 años, con manufacturas agropecuarias e industriales, los más afectados en la propuesta actual, cayendo sostenidamente.

«El propio Fondo Monetario Internacional advierte sobre los efectos negativos de imponer derechos de exportación inmediatamente después de una devaluación, por lo que estima que no habrá un efecto recaudatorio positivo», sostienen.

Ante este panorama, la Cámara de Exportadores de la República Argentina propone una solución simple y fiscalmente conservadora:

  • Ninguna suba de derechos.
  • Mantener derechos solo para soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus respectivos derivados, comenzando con una reducción gradual anual.
  • Eliminación inmediata de derechos para productos orgánicos, economías regionales (incluyendo pesca y carnes), y bienes industriales.
  • Asegurar que no se reinstauren derechos eliminados en el futuro.

Esta propuesta afectaría solo $600 millones de recaudación anual actual, pero parte se recuperaría con el impuesto a las ganancias, el cual es además coparticipable, con lo cual el efecto neto en el corto plazo seria menos del 1%. Existen, mencionó Landa, opciones aún no consideradas para mejorar el resultado fiscal sin afectar el empleo y el desarrollo.

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